Una civilización que se muestra incapaz de resolver los problemas que su
funcionamiento suscita es una civilización decadente. Una civilización que
escoge cerrar los ojos ante sus problemas más cruciales es una civilización herida.
Una civilización que le hace trampas a sus principios es una civilización moribunda.
Aime Césaire, Discurso sobre el colonialismo (1950)
Como si se tratara de un espectro, de una aparición, la educación pública parece haber quedado reducida a una de las grandes decadencias de nuestra sociedad. En un año de terremotos y la pandemia del COVID-19, el estudiantado de las escuelas públicas ha sido uno de los grupos más afectados en este Annus Horribilis.[1] La frase latina que significa “año terrible”, es terrible más allá de los eventos de la Naturaleza que ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de los sistemas políticos, económicos y de salud de gran parte de países al “luchar” con un “enemigo invisible”.[2] La “decadencia” como metáfora de lo que se desintegra, de lo que pierde importancia y vigencia, se contrapone a la “maravilla”, que resalta por la emoción que crea y por las múltiples imágenes mentales que produce sobre lo extraordinario de algo. Decadencia y maravilla son dos imágenes que producen emociones encontradas.
Me siento perplejo la indiferencia en que ha caído el tema de la educación durante el último año, principalmente a raíz de la emergencia actual. La desarticulación de lo que alguna vez lució o se mantuvo con mayor activismo ha parecido desaparecer, en parte, por el distanciamiento físico que ha producido la pandemia. Esto se suma a los intentos de privatización en los años recientes; el cierre de sobre 684 escuelas; la quiebra fiscal del gobierno y la imposición de la Junta de Control Fiscal, que terminó por cambiar muchas reglas, entre ellas el retiro del magisterio; la crisis demográfica; la ingobernabilidad; el evidente debilitamiento sindical; la desvinculación de la Academia y de organizaciones sin fines de lucro. Esto se ha agravado en el último tiempo, después de los huracanes Irma y María, haciendo implotar ante nuestra mirada lo que un día fue considerado, en palabras de Samuel McCune Linday, “la maravilla del siglo” (Osuna, 1949: 598).
Sin embargo, los más afectados son los “marginados” de la sociedad, el más del 50% de la niñez en Puerto Rico que vive bajo los niveles de la pobreza. El Instituto para el Desarrollo de la Juventud viene insistiendo hace varios años en el problema que existe con la alta tasa de pobreza infantil (PRTQ, 2020; Méndez González, 2020). Unos dicen que es bueno que vayan a la escuela para socializar, otros plantean, con razón, que no tienen acceso a la tecnología. Los meses pasan, el rezago académico social, emocional y académico aumenta y eso tiene unas consecuencias permanentes en las vidas de esos niños y jóvenes. Las reglas del juego han cambiado, pero parece que el distanciamiento físico ha venido a menguar más lideratos necesarios que están ausentes. Las escuelas del suroeste del país jamás abrieron después de los terremotos y, más allá de actividades, no he visto o escuchado un planteamiento contundente, un plan, ideas claras, de cómo repensar la educación pública desde las comunidades escolares más allá de depender del lenguaje pomposo de la burocracia rancia del Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR). La representación visual del “tema en referencia” con sus lenguajes metodológicos es de absoluta pobreza espiritual y conceptual. Y los que deben reclamar algo distinto no lo hacen.
Mi prima Altita Ruiz, maestra por años, ayer me comentaba en Facebook: “Nuestro Sistema Educativo va en picada, qué lastima”. Incluso, el concepto mismo de sistema educativo parece ser una referencia obsoleta, un producto más en nuestra “modernidad líquida”, fijada a los estándares de eficiencia. Zygmunt Bauman plantea que el compromiso y la visión de la educación eran una réplica de las tareas que fijó la agenda moderna. El conocimiento tenía un valor que se entendía era duradero. El primero de los múltiples retos de la educación contemporánea es que la solidez de las cosas es una amenaza, las posesiones duraderas “han perdido su antiguo encanto. […] Los que alguna vez fueron objetos de deseo se transformaron en objetos de resquemor” (Bauman, 2005: 26-28). Y, aunque la lógica neoliberal tardó en acendrarse, si bien Pedro Rosselló la inició con la Ley de los vales educativos en 1993, declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, el mismo foro judicial que la declaró constitucional en 2018 con la Ley de Reforma Educativa que se aprobó ese año, fue durante la gobernación de su hijo, Ricardo Rosselló, en que se quebraron los últimos referentes de la solidez educativa. El nombramiento de la estadounidense Julia Beatrice Keleher sirvió bien a esos propósitos, reconfigurando lo que había sido parte de la cultura del DEPR desde el siglo anterior.
No siempre fue así. Durante muchas décadas, existió una tradición que estuvo llena de muchos afanes por la educación, que la situaban como uno de los principales asuntos de cobertura mediática y opinión pública, como un importante factor de “progreso”. Un repaso a los últimos años da cuenta que hasta hace poco existieron solidaridades entre diversos sectores que buscaron vindicar lo público como un proyecto de país, oponiéndose a intereses poderosos. No soy solo un estudioso, sino un involucrado, pues presencié durante una década en diversos espacios las iniciativas, los proyectos, el activismo, el trabajo intelectual, las estrategias político-mediáticas que se pusieron en marcha en defensa de la “escuela pública”. Fui maestro de historia en Nuestra Escuela (NE) en Loíza, Caguas y Vieques y de ahí pasé a la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR) y, tras un breve tiempo en el DEPR, fue el lugar donde mejor pude apreciar ese conjunto de estrategias con un competente equipo de trabajo de muchas personas y talentos, en los años que fue presidida por la doctora Aida Díaz, de quien serví como ayudante.[3] Fui testigo de iniciativas legislativas, ciudadanas, académicas, así como de esfuerzos del propio (DEPR). Mirando en retrospectiva, como hago en muchas ocasiones con quien fue una de mis colegas, Maricarmen Gutiérrez, fue una jornada intensa y productiva, una escuela dentro del trabajo por las escuelas.[4]
Pero como todo en la experiencia humana, no todo es miel sobre hojuelas. La historia es la historia, dice el dicho, aunque no podemos dejar de lado que la historia es la que escriben los historiadores, quienes recuerdan y olvidan cosas. La historia es un ejercicio de poder y a nadie le quepa dudas. Ah, que el pasado pasó, sí, sin duda, ¿pero quién lo narra, lo cuenta, lo escribe? Y quien lo escribe, decide lo que escribe, pudiendo recodar y olvidar deliberadamente. El historiador Carlos Pabón entiende que “el problema que enfrenta la historiografía es que el pasado no existe”, para denotar el problema de la representación narrativa y la producción de significado histórico (Pabón, 2003: 172). En mi caso, como implicado en parte de esta “historia”, por haberla vivido, soy un ejemplo de lo que decía el renombrado EH Carr, en su clásico ¿Qué es la historia?: el historiador participa del “desfile” de la sociedad y no puede abstraerse como una persona absolutamente imparcial y objetiva (Carr, 1961). Ahí también entra en juego la memoria. Eso lo abundo en otra entrada.
Sin embargo, creo que debemos aspirar a niveles de imparcialidad con el fin de que el ejercicio historiográfico no sea mendaz cuando se ha sido testigo. Por tratarse, además, de una etapa de mi vida, considero que la historia debe hacer justicia al ver y escribir las cosas con la perspectiva del tiempo. En el decir del crítico francés Roland Barthes, el tiempo conforma un punctum, algo que rasga, que raya, que rompe, que sobresale ante nuestra atención, captando nuestro interés. Todo visto en el tiempo es visto de otra manera, como ver una fotografía antigua. Con el tiempo, hasta lo feo es bello. Por eso es que, como al ver la foto de quien no está, de lo desaparecido, de lo que fue, casi siempre nos rendimos. Es el tiempo (Barthes, 1980).
La "reforma educativa" y el cierre de casi 300 escuelas en 2018 fue el último momento que provocó movilizaciones, en parte, por las polarizaciones que creó Keleher con sus diversas afirmaciones públicas que dejaban ver, en múltiples ocasiones, sus prejuicios y desprecios hacia los puertorriqueños y la cultura del DEPR. Ya sabemos que vino por lana y salió trasquilá, y aunque posó llorosa en los cielos montada en el helicóptero cuando el huracán María, en esos días dijo que el ciclón era la gran oportunidad que había estado esperando para “reshape” la cultura educativa.
Este gobierno que aún no finaliza, con la gobernación de Wanda Vázquez, ha realizado una de las chapucerías legislativas de mayor proporción con la actual ley educativa que, en su versión original, ni marco filosófico poseía, así que ni hablar de estudios o referencias históricas. Fueron los síndicos liquidadores y estaban conscientes. Falta tiempo aún para aquilatar algunos aspectos de esta trama, los ejercicios de poder de los implicados; negociaciones y estrategias; hay que dejar que el tiempo pase para calibrar quién salió ganando con todo esto. La historia reciente también tiene sus problemas con las perspectivas, pero no podemos olvidar las palabras de Julia Beatrice: "Valió la pena el dolor".
La reforma educativa de Rosselló II, sin embargo, tenía muchas tangencias con la iniciativa legislativa del entonces presidente del Senado, Eduardo Bhatia, quien radicó el PS 1456, en 2014, con el fin de reformar la educación pública. Argüía que la burocracia era tal, que el aprovechamiento de los estudiantes era tan bajo, que la dedicación de los maestros era tan poca, que la dimensión del problema requería segmentar un grupo de escuelas del DEPR, con su presupuesto, para que estuvieran en manos de “organizaciones sin fines de lucro”. Entiendo que ese fue el último momento épico en que se vio un performance en defensa de lo público desde varios frentes. El junte entre la AMPR, NE, el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT), la Fundación Comunitaria (FC) y la Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, que conformaron la Alianza en Defensa de la Educación Pública, produjo una discusión intelectual breve, pero interesante, de cómo legitimar el proyecto educativo con base en la investigación, a fin de crear nuevos indicadores de buenas prácticas y de transformación de las escuelas desde sus propias comunidades. Allí participó dona Aida, de la AMPR; Justo Méndez Arámburu, quien dirigía NE; Roberto Pagán, de SPT, el sindicato que agrupa los empleados de custodia; Nelson Colón, presidente de la FC; y otras personas, como Sheila Pérez, que había dirigido una investigación en la Escuela Diego Vázquez en Caguas, cuando la dirigía Amalia Ramírez.
Ese junte fue promovido por Justo, quien había acuñado la frase de la “revolución educativa”, con el que nombré una iniciativa en la AMPR, que él también empujó, para crear algún proyecto piloto en una escuela e iniciar diálogos. Trabajé con Justo y Ana Yris, su esposa y actual presidenta de NE, como si ayudante antes de llegar a la AMPR, con quienes colaboré durante algún tiempo más. Aunque fue visto con suspicacia, no era bien visto desde un sindicato como la AMPR colaborar con directores escolares, en la escuela elemental Mariano Abril, en Guaynabo, una maestra estuvo dispuesta a acogerlo, Marie R. Cabrera Fuentes. No duró, pero se inició el camino. Esa iniciativa no difiere de otras, muchas documentadas durante el tiempo en la revista El Sol. Iniciada en 1965, se han reseñado múltiples iniciativas de transformación, como lo hicimos en 2014 con la edición “Revolucionar el modelo desde la escuela publica”. Sus predecesoras, Revista de la Asociación de Maestros (1942-1964) y Revista Escolar de Puerto Rico (1917-1937), así lo hicieron también. Fui editor de 2010 a 2019 de las revistas El Sol y Magisterio, integrando la Junta Editora con educadores maravillosos del calibre de Ana Helvia Quintero, Víctor Hernández, José Luis Vargas y la Hermana Iris Rivera. Sucedí a Evelyn Cruz, la icónica editora de El Sol, quien es escritora y por años fue redactora de la revista Escuela, publicada por el Departamento de Instrucción (desde 1954). La revista se encuentra digitalizada en su totalidad gracias a la gestión de su actual editora Madeliz Gutiérrez, que impulsé mientras estuve allí.
Pero todo pasaba muy rápido, y mientras Maricarmen trabajaba con una ofensiva en múltiples vías, muchas desde las redes sociales, otros miraban otras estrategias, desde pasquinar con las caras de los legisladores que apoyaban el proyecto, idea que fue de Aida, o poner pupitres vacíos frente al Capitolio, que se le ocurrió a Aniel Bigio, quien trabajaba en relaciones públicas. Aunque el PS 1456 se aprobó en el Senado, en su trámite a la Cámara de Representantes, la entonces presidenta de la comisión de educación, Brenda López de Arrarás, dilató el proceso para no aprobarlo y no llegó siquiera a rendir un informe negativo porque ahí llegó el fin de la sesión de 2016. La historiografía de la educación ha tendido a abordar el tema de las reformas educativas desde los estudios e informes que se han realizado a través del tiempo, sin embargo, han olvidado que las sociabilidades que producen las redes sociales -interrelaciones personales- son fundamentales para comprender cambios sociales más profundos.
“Brendita”, quien con sus alianzas con la AMPR parecía repetir la historia de su padre, que también había sido el presidente de esa comisión cuando la reforma educativa de 1990, el representante Héctor López Galarza, presidiendo el gremio José Eligio Vélez, durante la gobernación de Rafael Hernández Colón, la última etapa de la hegemonía del Partido Popular Democrático (PPD), había ya promovido su propia versión de la transformación con el PC 1032, el Plan Decenal del DEPR. Hicieron hasta vistas públicas en los pueblos para escuchar los maestros, pero todo respondió a una contraofensiva a Agenda Ciudadana, la entidad perteneciente al Grupo Ferré Rangel desde El Nuevo Día, que movió opinión pública sobre temas del país en la coyuntura de las elecciones de 2012 y que buscaban crear el Plan Decenal Educativo, en el cual el sector privado tenía gran representación, injerencia y poder. En esos días, además, el gobierno federal aprobó una dispensa a la Ley No Child Left Behind, conocida con el Flexibility Plan, que cambiaba aspectos de las escuelas y del acceso a fondos federales, del que el DEPR entonces dependía en cerca de 25%.
El entonces secretario del DEPR, Rafael Román, impulsó sus propios cambios y transformaciones, que fueron desde revisión de estándares hasta reorganización de los niveles educativos. Visto en el tiempo, se produjo mucho trabajo que no sé si está documentado. Y así, unos menos y otros más, muchos han buscado hacer cambios, promover transformaciones, sobre todo, pensar en un proyecto educativo.
Y así por el estilo. Rafael Aragunde y César Rey, de quien tuve el privilegio de ser alumno, aún referentes de gobernanza del “sistema educativo”, dirigieron un DEPR con 500 escuelas más, cuando no atravesábamos una crisis demográfica y fiscal. En 2013, había 420,000 estudiantes, 135,000 menos que hoy, un sistema “ingobernable” (Rey, 2008), pero que contaba con solidaridades, utilizando uno de los conceptos rectores de la historiografía de Fernando Picó. Ambos promovieron sus propias visiones de transformaciones, pero también de creación intelectual desde una amplia revisión filosófica, de los estándares de contenido, de los libros de texto, de la visión de conjunto. El propio Rey buscó reorganizar el sistema, además del buen pollo del país que se compró en los comedores escolares que tanto me gustaba. Sin olvidar que no hubo mayor tarea que darle credibilidad a aquel proyecto para legitimar la política pública después del escándalo de la acusación de Víctor Fajardo por apropiarse ilegalmente de fondos federales para beneficio político del Partido Nuevo Progresista (PNP). Esa fue el cierre del broche de oro de la gobernación Rosselló I, aunque la convicción fue un año después de su salida de la Secretaría en diciembre de 2000. Cuando César Rey llegó al DEPR guiando su carro su primer día de Secretario, el guardia de seguridad le preguntó quién era y luego de los debidos reconocimientos, le dijo que no podía entrar. Que el Secretario tenía las llaves del Departamento en su casa, en Bayamón... Víctor Fajardo. Sin credibilidad no hay gobernabilidad (Tenti Fanfani, 2004).
La culminación de la “reforma educativa” de 1993, iniciada por José Arsenio Torres, fue la aprobación de la Ley 149-1999, que el PNP derogó recientemente, la cual fue creación suya. El modelo de centralización del DEPR en la figura del Secretario respondía a personalismos, literalmente al propio Fajardo, como supervisor directo de los directores de las 1,523 escuelas. Ese período hay que estudiarlo con detenimiento, pues en el imaginario de muchas personas que trabajaron durante esa época, sigue siendo considerado el mejor Secretario. ¿A qué responde eso? Quizás a su propia experiencia como maestro, director, superintendente, el primero de la época moderna en escalar hasta el más alto cargo. Pero fueron años de intensas movidas partidistas y personalistas que no buscaron tirar por la borda, de manera deliberada, esfuerzos anteriores, como la Reforma Educativa de 1990, que Celeste Benítez llamó el “milagro legislativo” por haber sido aprobada de manera unánime por el PPD, el PNP y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP). “Fue un consenso extraordinario” (Documental, 1992: 2:55).
La Ley 68-1990 reconceptuó el Departamento de Instrucción Pública por Educación, además de ser la primera ley educativa aprobada en el siglo 20. Fue producto de un largo trabajo de investigación de la Comisión Conjunta para la Reforma Educativa Integral, que trabajó de 1985 a 1990, la cual dirigió la amiga Nilda García Santiago (QEPD) en su última fase, de 1989-1990. Inicialmente, la dirigió Mercy Soto, que era líder de la educación privada y tenía un colegio a la salida de Carolina. Resta estudiar ese trabajo, de profunda seriedad y reflexiones filosóficas sobre lo que debía ser la educación. Nilda, en su capacidad de directora ejecutiva, le rindió a la Asamblea Legislativa un Informe Final de la Comisión que es una pieza documental de un valor extraodinario. Después de haber estado estancados los trabajos en su primera fase, se apresuró la aprobación de la reforma en el tercer cuatrienio del gobernador Hernández Colón y por presión de este, al restar dos años de las elecciones generales de 1992, la ley quedó aprobada en 1990. Fue una época, además, que se caracterizó por una estigmatización negativa de la “escuela pública” (Cintrón López, 2012). Ese es otro ángulo a abordar.
Hernández Colón nombró en 1991 a Celeste Benítez a la secretaría del DEPR, una reivindicación por su abrupta salida en la primera ocasión que lo dirigió en 1973, para que trabajara el Calendario de Implantación de la Reforma, ya que no había dado pie con bola el secretario José Lema Moyá, nombrado en 1988 para sustituir al nominado secretario Rafael Cartagena, que el Senado popular no le dio paso tras crearse una controversia que lo vinculaba directamente con un plagio a una tesis de una maestra de un distrito escolar de Río Piedras. La AMPR hizo de Cartagena su presa y José Eligio Vélez, que presidía el gremio desde 1971 y tenía una conocida vinculación al PPD, tanto él como la institución, movió todos sus tentáculos políticos para descarrilar el nombramiento. Mucho de este conocimiento testimonial lo he leído y mucho otro me lo relató la licenciada Magda Sagardía, quien había trabajado con José Eligio, era una activista popular, abogada que se especializó el tema del derecho escolar y que había trabajo como una de las técnicos de la Comisión de Reforma Educativa, discípula de Nilda. Cartegena, que había sido rector del Recinto Metropolitano de la Universidad Interamericana y de la del Turabo, terminó fulminado. Como si fuese una película de la Guerra Fría, fue una época de espías, detectives e informantes.
En una conversación en 2015 con Celeste Benítez, esta me contó que Hernández Colón había decidido no renominar a Awilda Aponte Roque a un segundo término en 1989. Hernández Colón y Lila eran muy amigos de José Eligio e Ivette, su esposa, y la Asociación fue una de las organizaciones clave en el triunfo popular de 1984, pues el PPD contó con el apoyo electoral en múltiples vías de José Eligio. En su libro Memoria pública, José Arsenio Torres afirma que la “fuente más poderosa para Rafael Hernández Colón lo fue José Eligio Vélez, mediante préstamos firmados en blanco por los maestros del sistema” (Torres, 2001: 322). La directora ejecutiva de la AMPR, Awilda, terminó siendo designada, “para sorpresa de nadie […] que era como decir de José Eligio Vélez- secretaria de Instrucción. Quid pro quo, et res ipsa loquitur: ¡Esto por aquello y la cosa habla por sí misma! Esto plantea una interrogante de futuro: si renaciera el PPD, sin nacer de nuevo del agua y del espíritu, como decía San Pablo sobre su experiencia en el camino de Damasco, ¿podría auspiciar una reforma de la educación pública en Puerto Rico?" (Torres, 2001: 316).
Así las cosas, con la victoria de Rosselló y el PNP en 1992, la nueva administración promovió otra reforma educativa. Roberto Rexach Benítez, quien presidía el Senado, movió sus fichas para el nombramiento de Pepe Torres, quien había sido senador popular. El profesor, brillante, pintoresco y arrogante, no solo chocó por su estilo y comentarios grotescos, sino que era un conocido adversario de Benítez, amigo de Bobby, quien se había divorciado de Benítez en malos términos en 1973, siendo secretaria de Instrucción. Su matrimonio inmediato con el secretario de la gobernación de Hernández Colón, Salvador Rodríguez Aponte, le costó el puesto. De las superintendentes dijo que no pensaban bien porque les apretaban el corsé -pienso en Estervina, una de las viajeras de la película La guagua aérea- y que los superintendentes se enrollaban los bigotes. Con la reforma de 1993 y las escuelas de la comunidad arremetió contra Vélez y contra Renán Soto, presidente de la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), al primero por popular, con cuya legislación “pierde el poder” y al segundo por ser “alérgico a la verdad y a los hechos, y él se satisface con la desinformación, crear conflicto, crear miedo […] que se jacta de ser socialista y de ser radical” (Mulero, 1993: 16). En 1994, salió abruptamente de la secretaría de Educación al ser captado en vídeo transportando unos plátanos y otras verduras en una guagua oficial del DEPR en su finca en Caguana, Utuado, y de paso, orinando. ¿Quién lo habrá mandado a grabar y quién o quiénes habrán difundido el vídeo a la prensa? “Pero ¡imagínese el lector, un secretario de Educación, doctor en filosofía, catedrático universitario, ensuciándose las manos con la tierra puertorriqueña!” (Torres, 2001: 316).
A iniciar 1960, el gobernador Luis Muñoz Marín declaró la Década de la Educación, una iniciativa producto de la reforma educativa que buscaba “continuar y acelerar el desarrollo integral de Puerto Rico en todas sus fases” para darle atención “a qué clase de civilización, qué clase de cultura, qué manera honda y buena de vida quiere el pueblo de Puerto Rico hacerse sobre la base de su creciente prosperidad económica” (Muñoz Marín, 1960: 225). Esa “reforma” se llevó a cabo en medio de los personalismos entre Muñoz Marín y el presidente de la Cámara de Representantes, Ernesto Ramos Antonini, quien desde la Comisión de Instrucción, que presidía Águedo Mojica, trabajaban en el Estudio del Sistema Educativo desde 1957. Muñoz quiso madrugar a la Cámara e invitó a un grupo de educadores europeos que rindieron un informe en 1959, dos antes de la publicación de los dos mamotretos renacentistas que conforman el Estudio del Sistema Educativo, dirigido por Ismael Rodríguez Bou. Un documento valiosísimo, sin duda, que avista una sociedad muy diferente, una época de expansión y alfabetización. El entonces secretario de Instrucción Pública, Efraín Sánchez Hidalgo, decía en 1959 que era “un hecho insólito en nuestra historia” que de los 2,235,020 habitantes de Puerto Rico, 700,000 fueran a la escuela,“la proporción más grande del mundo” (Santana, 1959). Es una época llena de interesantes iniciativas educativas, desde la DIVEDCO, el Comité de Objetivos de la Educación, hasta las “expansiones al sistema” (Ruiz-Rivera, 2015).
Ángel Quintero Alfaro observó en Educación y cambio social en Puerto Rico, que se “pensó en unos términos muy simples en la expansión del sistema dirigiéndose el esfuerzo en lograr más salones, más maestros, más libros, sin considerar el carácter del crecimiento. El programa escolar que era en sí inadecuado, aun para las condiciones y para los alumnos para los cuales se pensó, era inoperante dentro de las nuevas condiciones”. Al dirigir Instrucción como secretario en la gobernación de Roberto Sánchez Vilella, en 1965, implantó una serie de proyectos experimentales que siguen siendo referencia cuando de la búsqueda por la excelencia se trata. Un número del anuario Magisterio, en 2015, se dedicó a Una mirada crítica al proyecto educativo de Quintero Alfaro (Anuario Magisterio, 2015; Quintero, 2006). Rafael Irizarry, esposo de Ana Helvia Quintero, la hija de don Ángel, me contó un día que Cándido Oliveras, que lo precedió como secretario de Instrucción, de 1960 a 1964, le decía “el astronauta”, en referencia burlona como un pensador. Oliveras era un planificador que sirvió en muchas posiciones, como muchos otros, durante la administración de Muñoz Marín.
Sin dejar de mencionar los estudios del Teachers College de la Universidad de Columbia de 1949 (Public Education…, 1949), como el de 1925 (A Survey…, 1926), este último a instancias del Senado de Puerto Rico, presidido por Antonio R. Barceló, que tanto recelo causó en el entonces comisionado de Instrucción, Juan B. Huyke, quienes ya estaban encontrados dentro de las filas del Partido Unión de Puerto Rico (Huyke, 1926; 1929). Los estudios son estudios, informes, pero no podemos olvidarnos de las tantas iniciativas locales de maestros, directores o superintendentes, como Mario Pagán en Lajas, que dejan ver el activismo de un siglo (Cruz Jusino, 2008). En todas estas instancias que he mencionado hubo voces, múltiples voces, que siempre tuvieron presente la niñez del país, un sentimiento de “progreso”, de que esos esfuerzos significaban una mayor equidad y movilidad social. Con su ribetes colonialistas, Lindsay, que sucedió a Martin Brumbaugh en la dirección del sistema en 1902, planteó en 1925, en el contexto del estudio del Teachers College, que lo que habíamos logrado podía describirse como “the Wonder of the Century”, la maravilla del siglo, frase con que Juan José Osuna tituló el último capítulo de su canónico A History of Education in Puerto Rico. Mi madre se graduó de la Escuela Juan José Osuna, de Baldrich, en 1975 y yo en 2002.
En 1925, había una matrícula escolar parecida a la actual, con menos población, una época de enfermedades, de hambre, de enfrentamientos políticos, de “miseria reinante” (Rosario Urrutia, 2018). De los terremotos y la pandemia de 1918, días en que finalizó la Primera Guerra Mundial, hasta el final de la década con el huracán San Felipe, en 1928, hubo muchísimos esfuerzos por hacer de la educación pública “moderna” un ícono de progreso en nuestra sociedad, visualizándose como un elemento sociocultural de impronta. Nuevas prácticas escolares quisieron eternizarse desde una nueva cultura visual fotográfica sobre agricultura, economía doméstica, educación física, artes manuales o la Cruz Roja Americana como vehículos de transformación del país desde la educación pública. Eran emociones, y sueños, que hacen falta hoy. ¿Dónde quedó la escuela en nuestro imaginario, como sentenció nuestro querido Fernando Picó, como el “microcosmos de todos nuestros logros y todas nuestras contiendas” (Picó, 1999: 67) durante y después de la pandemia del COVID-19?
Referencias
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[1] Esta frase fue popularizada por la la Reina Isabel II en un famoso mensaje pronunciado en Guildhall, Inglaterra, en 1992, al decir que era un año que no miraría con placer. En ese año se divorció su hija, la princesa Ana, luego el duque de York, su otro hijo, de Sarah Ferguson, sin contar el libro en que Lady Diana decía que la vida real era un infierno. A los días, se quemó parte del Castillo de Windor. https://youtu.be/dHlEzh5ky1A [2] Este tipo de mefataforizaciones bélicas han estado presentes desde el inicio de la pandemia. Luchar contra un “enemigo invisble”, “ganar la guerra”, “dar la batalla”, “vencer”, son solo algunas. [3] Dra. Aida Díaz presidió la AMPR de 2001 a 2019. Conocida en el ámbito público como “doña” Aida, fue una líder indiscutible de una época, pintoresca muchas veces en su proceder, vocal en temas educativos y magisteriales. Sucedió a José Eligio Vélez, treinta años en aquella poltrona. [4] María del Carmen Gutiérrez dirigió la Oficina de Relaciones Públicas de la AMPR de 2007 a 2019, y desde 2003 fue consultora. Provenía del “sector sindical” algo desconocido en la AMPR y que formó parte de un proyecto más amplio como parte de la nueva presidencia desde 2002. Eso transformó, para el desagrado del establishment, aquella institución. Es actualmente Field Director de CASA, una organización comunitaria con base en Pennsylvania, Estados Unidos.
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